La competitividad justifica todo

La competitividad justifica todo

Paralelo al relanzamiento de la Constitución Europea por medio de la vía rápida, para la mayoría de la población europea pasa desapercibido el hecho de cómo Bruselas prepara nuevos ajustes estructurales, negocia el acceso de las empresas a los mercados de otros países y cómo la Unión Europea avanza con sus políticas neoliberales.

Tom Kucharz, Ecologistas en Acción

La canciller alemana, Angela Merkel, y el nuevo presidente francés, Nicolas Sarkozy, se comprometieron este año a trabajar juntos para “sacar a la UE de la parálisis” en la que se encuentra después del rechazo popular al proyecto de la Constitución Europea en Francia y Holanda en 2005. Sarkozy, que viajó a Berlín pocas horas después de tomar posesión como presidente de Francia, aseguró que esta visita a la capital alemana “no sólo era un gesto simbólico”, sino una forma de lanzar un mensaje político de gran calado al resto de socios comunitarios. También se reunió con el presidente del gobierno español para “reactivar la construcción europea”. Sarkozy aboga por un tratado simplificado, que contemple sólo mejoras en el funcionamiento de la Unión de los 27, que sería aprobado en Francia por vía parlamentaria, sin recurrir de nuevo a un referéndum. El miedo de los poderes políticos europeos a repetir el fracaso es grande. Parece entonces urgente reactivar las campañas contra la Constitución Europea y, en particular, que el movimiento, que consiguió el “No” francés y holandés, pida nuevamente una consulta popular y esta vez en todos los países de la UE.

Otro acto simbólico reciente fue la entrega al Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, del Premio Carlomagno en la ciudad de Aquisgrán como “reconocimiento a España en Europa”. Recordamos que en medio de la guerra de Irak, Solana llevó a la Cumbre Europea de Salónica en junio de 2003 la Estrategia de Seguridad Común para Europa llamada “Una Europa segura en un mundo mejor”. El documento amparaba la intervención “preventiva” ya que según Solana “con las nuevas amenazas la primera línea de defensa estará a menudo en el extranjero”, apuntando a los países situados “al margen de la sociedad internacional” que “han de pagar un precio, incluso en sus relaciones con Europa”. En Aquisgrán Solana subrayó que “la UE necesita la Constitución o el Tratado, me da igual como se llame al final, porque ese documento aporta los instrumentos que necesita la Unión para ser más poderosa y eficaz”.

Pero a pesar de la “crisis” institucional, en los últimos 12 meses, la UE ha puesto en marcha nuevas políticas económicas y comerciales que tendrán enormes impactos sociales y ambientales, dentro y fuera de Europa. En octubre del 2006, por ejemplo, la Comisión Europea lanzó su estrategia “Europa global: compitiendo en el mundo”[1], en la que esboza la forma en que Bruselas buscará acuerdos bilaterales de libre comercio con importantes economías emergentes y, así, garantizar nuevos y provechosos mercados para las empresas europeas. La apuesta por la vía bilateral es debido al estancamiento de las negociaciones multilaterales en el seno de la Organización Mundial de Comercio desde 2001. La UE también pretende reforzar los derechos sobre la propiedad intelectual y reducir las barreras no arancelarias –como políticas sociales y ambientales- de sus socios comerciales, además de potenciar unas “reformas internas”, en el interior de la UE, aún más favorables al sector empresarial y acordes con la estrategia de Lisboa. El informe expone una agresiva estrategia de ‘competitividad externa’. En palabras del Comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson: “Queremos garantizar que las empresas europeas competitivas, respaldadas por las políticas internas adecuadas, deben poder ganar acceso a los mercados mundiales y operar en ellos con seguridad. Ésta es nuestra agenda”. Para poder comprender las verdaderas prioridades e intenciones de la UE, es necesario, muchas veces, consultar documentos internos, como por ejemplo los elaborados por la Dirección General de Comercio Exterior de la Comisión. Allí queda reflejado que la estrategia de Mandelson se reduce, de acuerdo con Alexandra Strickner, del Instituto para la Agricultura y la Política de Comercio, a lo siguiente: “si la UE desea mantener su competitividad en el mercado mundial, debe intensificar sus esfuerzos para crear oportunidades para sus empresas en el exterior, apuntando especialmente al entorno normativo en terceros países”. Pero para construir empresas fuertes, añade, la UE también “debería crear un entorno más favorable para las empresas dentro de sus propias fronteras”. Lo que supone mayor desempleo, precariedad, una profundización de la privatización de los servicios públicos y menos gastos públicos en sanidad, educación, cultura, integración, personas mayores y con discapacidad, además de perjudicar sobre todo a las condiciones de vida de las mujeres, concluye Barbara Specht de la red feminista europea WIDE. En nombre de la competitividad, esta estrategia promueve no solamente acuerdos comerciales con todas las regiones del mundo, sino también y fundamentalmente una mayor desregulación social, laboral y medioambiental en la propia UE. Además, el comercio internacional es una de las mayores causas del Cambio Climático debido al transporte, ahondarlo aun más supone el incremento de emisiones de CO2 y de sus impactos globales.

En abril, la Comisión Europea ha adoptado otra comunicación con el título: “Una Europa global: una Cooperación Reforzada para facilitar a los Exportadores Europeos el Acceso a los Mercados”. Según sus palabras, esta estrategia desmantela las barreras comerciales en otros países y crea ”nuevas oportunidades de exportación”. La piedra angular es una nueva “cooperación descentralizada”, o sea la creación de grupos de trabajo ad-hoc, sobre el terreno entre la Comisión, los Estados miembros y las empresas en terceros países. La asociación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria, Eurochambres, se mostró encantada. Según su comunicado de prensa, “la estrategia de acceso a mercado es un ejemplo de cosas que están bien hechas”. Arnaldo Abruzzini, Secretario General de Eurochambres, dijo: “Nosotros hemos pedido a la Comisión desde hace mucho tiempo que desarrolle una política comercial más activa y que promueva los intereses de las empresas europeas en el exterior”. La nueva estrategia es un paso en esta dirección, según Abruzzini.

Pocos días después el Consejo de Ministros de la Unión Europea de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores aprobó en Luxemburgo, el 24 de Abril, el mandato de la Comisión Europea para negociar cinco nuevos tratados de libre comercio (TLCs) con India, Corea del Sur, países del ASEAN, América Central y los Países Andinos. Curiosamente, el mismo día, una delegación de Businesseurope, el lobby de las patronales europeas como la CEOE, se reunió con David O’Sullivan, de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, para hablar sobre las negociaciones en la OMC, incentivar un rápido comienzo de las negociaciones bilaterales y demandar disposiciones obligatorias de servicios comerciales. “Estos tratados suponen una mayor amenaza para el medio ambiente y los ciudadanos en los países en desarrollo, así como en Europa, que las nefastas propuestas hechas ya en la OMC”, subraya Charly Poppe, de Friends of the Earth Europe. “Los derechos de comunidades locales y de Estados para decidir sobre sus propias políticas macroeconómicas están siendo reemplazados por orden de las empresas transnacionales europeas”, agrega.

Varios diputados de Bélgica y eurodiputados abogaron porque la Comisión Europea suspenda la apertura de negociaciones de asociación y libre comercio con la Comunidad Andina, hasta que se aclaren los vínculos entre paramilitares y congresistas en Colombia. En la II Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Colombia, celebrada en abril en Bruselas, Iván Cepeda del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, aseguró que hay “evidencias importantes de pactos entre élites políticas, muchas cercanas al presidente Álvaro Uribe, y paramilitares” y advirtió de que esto pone en cuestión el Estado de Derecho.

Más de 90 redes y organizaciones internacionales criticaron en una carta dirigida a los ministros que “los nuevos TLCs constituyen una grave amenaza a la justicia social, la equidad de género y el desarrollo sostenible, tanto dentro como fuera de la UE”[2]. En particular vulneraría la seguridad alimentaria y generaría enormes pérdidas de empleos. La inclusión de los “temas de Singapur” en las negociaciones, que ya fueron rechazados en el marco de las negociaciones en la OMC, amenaza con restringir las posibilidades de los países en desarrollo para aplicar reglas de inversión, políticas de competencia y compras públicas para promover políticas más acordes con las necesidades de su población, como la lucha contra el hambre, la conservación de recursos naturales y el acceso universal a los servicios públicos.

Con la eliminación de todas las restricciones a las importaciones y exportaciones, explica Brid Brennan de la ONG Transnational Institute, se pone en peligro las legítimas regulaciones para proteger el medio ambiente, asegurar el acceso a la salud y otros derechos sociales, alcanzar la soberanía alimentaria o mitigar el Cambio Climático. “Es realmente escandaloso ver cómo está siendo implementada la estrategia comercial bilateral de la UE sólo por los intereses del empresariado europeo que tiene un acceso privilegiado a la Comisión en Bruselas, mientras no ha existido un significante debate público y político”, considera Myriam Vander Stichele, investigadora de la ONG holandesa SOMO, ni siquiera en los parlamentos nacionales. De hecho, los parlamentos nacionales de la UE no están siendo consultados sobre estos asuntos y es muy controvertido si deben o no ratificar los acuerdos comerciales que toma la Comisión Europea, incluso a pesar de su competencia “única” en política comercial exterior.

El pasado 19 de abril en más de 32 países se llevó a cabo una jornada de acción contra los Acuerdos de Asociación Económica que la UE está imponiendo a 79 países del África, el Caribe y el Pacífico, para romper con esta lógica antidemocrática. Estos tratados son de gran envergadura diseñados para obligar a eliminar las barreras comerciales para casi todos los productos importados de la UE. La Comisión Europea está presionando para que esos acuerdos entrañen la liberalización de las inversiones, el comercio de servicios y la contratación pública.

Millones de personas perderán su acceso a los recursos naturales, como agua, pesca o madera. Especialmente las comunidades rurales, que suponen todavía la mayoría de la población en los países objetivos de los tratados comerciales de la UE, serán afectadas por la inundación de sus mercados locales con productos agrícolas procesados por debajo del precio de coste. Los pequeños agricultores no pueden competir con las grandes empresas del agronegocio y las cadenas de supermercados, y por ello tendrán que abandonar su actividad y sus tierras. Además las políticas comerciales afectan negativamente a la agricultura familiar europea, insiste Morgan Ody de la Vía Campesina.

El 27 de Septiembre marcó el quinto aniversario del comienzo de las negociaciones de los Acuerdos de Asociación Económica (EPAs por su siglas en Inglés). Más de 202 organizaciones de 42 países han firmado el llamamiento del “Día Internacional para detener a los Acuerdos de Asociación Económica entre la Unión Europea y los países de África, Pacífico y Caribe”, entre ellas 13 organizaciones internacionales como ACORD, ISP, Vía Campesina y ROPPA (Red de Agricultores y Productores agropecuarios de África Occidental). Miles de activistas, movimientos sociales, organizaciones campesinas, sindicatos, agrupaciones religiosas y ONGs de África, el Pacífico, el Caribe y Europa participaron en acciones coordinadas en los cuatro continentes para protestar contra las negociaciones de estos acuerdos. Los convocantes apelaron a la Comisión Europea, al Consejo Europeo así como a los Gobiernos y parlamentos que se paralicen inmediatamente dichas negociaciones. Hicieron un llamado a la UE para que se abstenga de presionar a dichos países para firmar los EPAs. Hubo protestas en más de 36 países.

“Usando el maquillaje del término “asociación” están seduciendo con estos acuerdos a muchos gobiernos africanos y engañando al público europeo, haciéndoles creer que Europa tiene ahora un plan positivo para el mundo”, explica Dot Keet de Sudáfrica, profesora de política económica y activista de la Southern African Peoples Solidarity Network y de la Africa Trade Network. Dichos EPAs abrirán los mercados de los países ACP a la competencia devastadora de las exportaciones de la UE. Esto llevará a un aumento en la desigualdad social y la pobreza por medio de la destrucción de industrias locales, y de la agricultura campesina y familiar, causando daños al empleo y a las fuentes de sustento. Los términos establecidos dentro de los EPAs reducirán dramáticamente el necesario espacio político de los países ACP para regular y diseñar sus propias políticas económicas con el fin de satisfacer sus propios objetivos y necesidades básicas de la población.

Las organizaciones de pequeños agricultores, que representan a la mayoría de la población de los países ACP, se están movilizando para reclamar a sus gobiernos que protegen sus medios de vida y los mercados locales de la peligrosa competencia europea. También las organizaciones agrarias europeas han rechazado las negociaciones por considerar que perjudican al mundo rural y destruyen explotaciones y puestos de trabajo de la agricultura familiar en Europa.

El modelo agraria dominante está impulsado por la UE y las grandes empresas transnacionales de la agroindustria y basado fundamentalmente en la producción para la exportación. La lógica de esta concepción es que cada territorio debe especializarse en aquellas actividades que le permita tener ventajas comparativas en relación a otras zonas del planeta en una economía fuertemente globalizada. La prioridad de la agricultura, por tanto, será el cultivo de productos sustituibles para mercados lejanos. Para ello se requiere el uso intensivo de la tierra, el empleo de agrotóxicos, de semillas transgénicas, de maquinaria pesada, de mucha agua, de un trabajo esclavo, etc. El incentivo de la producción agropecuaria hacia la exportación a través de subvenciones públicas promueve que se vendan productos alimentarios en otros mercados por debajo de los costes de producción en el lugar donde se vende (dumping), hundiendo las economías locales y devastando al medioambiente.

África exporta flores, diamantes, oro, petróleo, etc. para poder importar comida siendo un continente agrícola. “Esta situación es flagrante y por ello debemos alejarnos de esta orientación de las exportaciones y de nuestra dependencia de ayuda financiera de Europa” demanda Dot Keet de Sudáfrica. La producción agraria local está siendo destruida porque bajo la actual liberalización comercial liderada por el FMI y el BM está llegando al continente africano arroz asiático, maíz americano y trigo europeo. En muchas zonas los productores locales están sufriendo la importación de yogur y queso francés, nata italiana y pollo holandés. Europa está demandando la liberación de la inversión, la protección de la propiedad intelectual de las compañías europeas, acceso a todos los sectores de servicios y acceso a las licitaciones gubernamentales y compras públicas, que son instrumentos de desarrollo muy importantes en estos países y deberían dirigirse a sus propias.

Dot Keet de Sudáfrica: “Lo que quiere Europa es que dependamos de sus empresas, porque el sector servicios supone el 70 por ciento de su PIB. Lo más importante es lograr un cambio en la balanza de poder entre los países más desarrollados y los países en desarrollo, porque los primeros no cambiarán sus políticas voluntariamente, sino gracias a la presión que se ejerza sobre ellos. Una de estas presiones es la que deben ejercer los ciudadanos de Europa, que tienen que entender el rol tan negativo que juega su continente en el mundo, particularmente en África”.[3]

Prioridades de la UE para las negociaciones bilaterales en América Latina

Una de las prioridades de la UE es eliminar las restricciones de las inversiones para el acceso a los recursos naturales, y sobre todo energéticos. Al parecer, políticas de nacionalización de hidrocarburos como en Bolivia o Venezuela están produciendo serias molestias para las empresas europeas. La Unión depende en más del 75% del petróleo exterior, proveniente en gran medida de Oriente Medio, Asia central y África, y en más de un 50% del gas de fuera de sus fronteras, principalmente de Rusia, Argelia, Nigeria y Noruega. Según Ramón Fernández Durán de Ecologistas en Acción, “estos porcentajes se dispararán en los próximos años”, con una dependencia del 93% y 84% en el 2030 respectivamente, “conforme se vayan agotando las reservas del Mar del Norte y siga incrementándose el consumo, haciendo a la Unión más dependiente aún del exterior y, por lo tanto, a su economía más vulnerable”. La UE ha definido su nueva estrategia energética conjunta en un reciente Libro Verde y el Paquete Energético, en la que se plantea una acción exterior común en esta materia. Se aboga porque la UE en bloque acuda a los mercados globales de combustibles fósiles como un solo agente, para imponer así su capacidad de negociación, advierte Fernández Durán.

En el continente latinoamericano, la UE propone además de Centroamérica a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) conformar una zona de libre comercio amplia y ambiciosa e ir mucho más allá de las reglas de la OMC al incluir en la negociación la liberalización y privatización de los servicios públicos, las compras del Estado y los conocimientos humanos por medio de reglas de propiedad intelectual.

Según un análisis de Nick Buxton, las arremetidas verbales de la derecha boliviana contra las cautelas del Gobierno de Evo Morales ante las propuestas de la UE, “fueron lo bastante punzantes como para dar la impresión de que Bolivia había anunciado el fin del comercio exterior”. El Gobierno boliviano “se encamina a un suicidio comercial”, declaró, por ejemplo, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), añadiendo que era “una de las gestiones más desafortunadas de los últimos tiempos en materia de integración”. Sin embargo, explica Buxton que colabora con la Fundación Solón, “todo lo que había hecho el Gobierno boliviano era explicar que, en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación con la UE, no estaba dispuesto a incluir cuestiones como la propiedad intelectual, las adquisiciones estatales, el arbitraje internacional sobre inversiones y los servicios públicos”. En respuesta, Perú y Colombia amenazaron con proseguir las negociaciones por su cuenta, a menos que Bolivia flexibilizara su posición.[4] Lamentablemente, Bolivia está sentado actualmente en la mesa de negociaciones con la UE a pesar de su experiencia, durante décadas, que la mayoría de sus ciudadanos ha pagado un precio demasiado alto por el “libre comercio”. La UE recibe apenas el 3% del total de exportaciones bolivianas y, por lo tanto, no es un mercado muy significativo para Bolivia.

El 31 de mayo se celebró en La Paz un seminario internacional para evaluar los alcances e implicaciones del Acuerdo de Asociación CAN-UE desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil de Europa y de los países de la CAN (Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador). Se analizó las negociaciones CAN-UE en el contexto del alto grado de penetración de las transnacionales europeas en América Latina. “Vinimos a ese seminario en un avión europeo que compra combustible a una empresa europea y aterrizamos en un aeropuerto administrado por una empresa europea, en cuyas oficinas se trabaja con tecnología europea y se imprimen los documentos en papel producido por una empresa europea”, así se podría resumirse ese grado de penetración del capital europeo, lo que queremos cambiar para que la economía sea autogestionada y de las personas, y para que el capitalismo no tenga lugar.

Activistas del Sur y Norte coincidieron en que el acuerdo CAN-UE “es un ALCA multiplicado por dos”, es doblemente peligroso y perjudicial para la gente que lucha por los recursos naturales, un trabajo digno, la soberanía alimentaria y la gestión pública de los servicios públicos. En la declaración final se remarcó: “Los movimientos y las organizaciones sociales de Bolivia nos sentimos profundamente preocupadas por las consecuencias que podrían tener la materialización de un Acuerdo de Asociación, que en su componente comercial incluye un acuerdo de Libre Comercio, muy parecido al ALCA que enterramos hace algún tiempo.” Se lamentó que la “estrategia de la Unión Europea llamada «Una Europa Global: Compitiendo en el Mundo» sea la base de la negociación y que solamente busque instalar un área de libre comercio «ambiciosa», sin tomar en cuenta que en los países andinos existen realidades diversas, distintas y totalmente diferentes de los patrones europeos.” Añadieron que “la experiencia en países como México, que firmó un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea hace 7 años, demuestra que las alianzas con Europa benefician a las empresas transnacionales, a la banca transnacional y perjudican a la gente.” El déficit comercial de México casi se ha duplicado hasta alcanzar los 16.900 millones de US-dólares, y el país prácticamente no ha diversificado sus exportaciones, mientras las multinacionales europeas se han embolsado unos beneficios históricos.

Pensar que la UE es el bueno frente al imperialismo de Estados Unidos es un gran mito que subsiste en América Latina. La integración económica europea desde 1957, cuando se firmó el Tratado de Roma, fue un proyecto de las elites económicas y políticas, y hasta hoy es un proyecto de libre mercado. Nunca hubo integración de los pueblos, no hay una identidad europea más allá de crear un mercado único del consumismo insostenible y de la competitividad. Para integrarse a la Unión, los 10 nuevos Estados miembro del Europa del Este que ingresaron a la UE en 2004, incorporaron a su legislación nacional más de 10.000 directivas europeas sin consultar a sus poblaciones. En la actualidad hay muchos de los 500 millones de habitantes de la UE que viven sin plenos derechos, regidos por un modelo antidemocrático. El pueblo europeo sufre desde 1993, cuando se firmó el Tratado de Maastricht, un ajuste estructural radical que ha vaciado al mundo rural de sus campesinos y ha golpeado con dureza a amplios sectores urbanos. El campo europeo fue tomado por el agronegocio y los campesinos pierden paulatinamente el control sobre qué y cómo producir y distribuir los alimentos. La UE apoya además incondicionalmente las políticas del BM y FM, quienes avanzan en el modelo devorador de recursos naturales. Para cumplir con el pacto de estabilidad se vende todo lo que es posible, y la supuesta "estabilidad económica" esconde grandes capas de población empobrecida y en estado de indefensión. Especialmente la población inmigrante sufre el racismo y la exclusión social, trabaja en condiciones infrahumanas y realiza todas aquellas actividades mal remuneradas de la economía “sumergida”, asimismo mueren cada año miles de personas al intentar ingresar a la fortaleza europea sin “permiso”.

En mayo el Parlamento Europeo aprobó –con sólo 403 votos a favor, 273 en contra y 8 abstenciones- la estrategia “Europa Global”. La red Seattle to Brussels network, una alianza de 70 ONGs, sindicatos, asociaciones y movimientos sociales de 16 países[5], urgió al Parlamento Europeo –aunque sin éxito-de rechazar el informe “Caspary” que respaldó los enfoques comerciales de Mandelson. Los parlamentarios no impidieron así mayores niveles de empobrecimiento y de explotación laboral. Se ha demostrado que la apertura y desregulación de mercados así como la competitividad directa ha llevado a mayores niveles inseguridad social y laboral, desigualdades y deslocalizaciones de sectores de la economía europea que más han incrementado sus beneficios.

Notas:

[1] La ‘doctrina de Mandelson’ es la Comunicación de la Comisión Europea: ‘Global Europe: Competing in the World’ (4 October 2006). Para consultar los documentos: http://www.s2bnetwork.org/index.jsp?id=33&random=r941014045383781
[2] La carta de se puede consultar en: http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article453
[3] Para más información consultar Doot Keet: Economic Partnership Agreements (EPAs): Responses to the EU Offensive against ACP Developmental Regions. TNI, 2007. http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article499
[4] Nick Buxton: ¿Se encamina Bolivia al suicidio comercial? Transnational Institute, 22 June 2007. http://www.tni.org/
[5] Seattle to Brussels (S2B) Network (http://www.s2bnetwork.org/) es una red paneuropea de más de 70 organizaciones de 16 países para promover políticas comerciales sostenibles, justas y democráticamente responsable. S2B Network forma parte de la coalición mundial ‘Nuestro Mundo no está en venta‘ (http://www.ourworldisnotforsale.org/)
El largo invierno de la OMC[6]

La mayoría de los miembros de la OMC se encuentran desesperados por concluir la Ronda de Doha, nuevas negociaciones multilaterales para liberalizar todavía más el comercio y que comenzaron en 2001. Continuamente se inventan nuevos métodos para lograr avances y el Director General de la OMC, Pascal Lamy, viaja alrededor del mundo, ejerciendo presión en los Ministros de Comercio de los países en desarrollo para que estos suavicen sus demandas, y tratando de lograr la aceptación por parte del Congreso de EEUU de mayores recortes en las subvenciones agrícolas. Sin embargo, ninguna de las medidas anteriores parece estar funcionando, ya que el logro de un acuerdo en las negociaciones no parece estar cercano. EEUU no está dispuesto recortar sus ayudas agrícolas, y si EEUU no cede, la UE tampoco modificará las subvenciones de la PAC. Y, así, nada avanzará. En cambio exigen a Brasil e India –pero también a China, Sudáfrica y otros- mayores compromisos para liberalizar los servicios y la apertura de sus mercados industriales así como un mayor acceso a los mercados de productos no industriales (recursos naturales, pesca, madera, minerales, etc.). Muchos consideran que será imposible lograr avances, al tiempo que los EEUU y la UE han acordado, con el apoyo del Parlamento Europeo, crear un Nuevo Partenario Económico Transatlántico con el fin de incrementar los intercambios comerciales.
Hay serias preocupaciones de que si el G4 (EEUU, UE, Brasil, India) negocia entre ellos, fuera del alcance del resto de los miembros de la OMC, se repetirá la situación durante la Ronda de Uruguay, cuando EEUU, UE, Japón y Canadá acordaron proteger sus propios mercados, imponiendo al resto de los miembros un acuerdo negociado entre un grupo reducido de países.

El Comisario Europeo de Comercio, Peter Mandelson dijo que no permitiría que otros países logren beneficios sin ofrecer un acceso real y nuevo a sus mercados. La mayor parte de las discusiones ha girado en torno a la agricultura, pero funcionarios de la UE temen que países en desarrollo grandes como Brasil no ofrezcan las reducciones de aranceles suficientes para que los manufactureros europeos ingresen a sus mercados. "Yo insistiré con este principio básico: que debería haber recortes verdaderos y efectivos por parte de todos los grandes actores en todas las áreas clave," declaró Mandelson.[6] Basada en la información Carin Smaller: “Una alianza poco conveniente: el Renacimiento del Quad” en Actualidades de Ginebra, IATP, 3 de Abril de 2007. www.iatp.org

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